Justicia desamparada

Los escándalos de corrupción de la semana que termina confirman con crudeza que el crimen compite con las instituciones y que los fiscales son aliados de la impunidad. Un tumulto de casos de gran impacto público nacional e internacional que involucran al Ministerio Público y jueces, visibilizan el estancamiento del cambio en la justicia, y aún peor, que están en riesgo las reformas institucionales de la última década para perseguir y castigar el delito, el abuso de poder
y evitar la penetración del narco en la política.

El ímpetu reformador pierde fuelle a la hora de pasar de las leyes a la voluntad política para transformar las instituciones de justicia. El sistema anticorrupción choca con la disputa política por nombrar un fiscal que lo ponga en marcha. Los cambios a la ley de amparo sirven para ampliar el control político y frenar los procesos, como muestra la averiguación contra el exgobernador de NL, Rodrigo Medina, o como patente de corso al responsable de adquisiciones del gobierno de Chihuahua, Antonio Tarín, para no ser arrestado tras refugiarse en el Congreso al calor de la huida de la justicia de su jefe,
César Duarte. La Reforma Penal se debilita en la controversia para nombrar al nuevo fiscal general. Y especialmente al verse pública y notoria la penetración del crimen en las instituciones con la detención del fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, acusado de conspirar con el crimen para la distribución de drogas a Estados Unidos.

Si preocupa el contraste entre el tsunami de reformas de la última década y el nulo avance contra la impunidad, más desalentador es el extravío de respuesta institucional y la política de silencio. El gobierno federal ha hecho mutis sobre la detención de Veytia en EU, mientras en la procuración de justicia crece el cuestionamiento sobre la eficacia de la autonomía del Ministerio Público como condición para despolitizar el trabajo de las fiscalías y contrarrestar la impunidad. La duda sobre su eficacia sin un nuevo modelo de fiscalía general se produce en medio del conflicto por el nombramiento del fiscal y el pase automático al actual procurador.

La designación de fiscal general y anticorrupción, en efecto, es insuficiente para remover obstáculos para la eficacia de los procesos y la burocracia que lucran con la impunidad en el ministerio público y el poder judicial. Hay, al menos, 3 impedimentos para la reforma penal:

1.- Acceso a la información federal. La detención del fiscal de Nayarit acusado de unirse al crimen organizado desvela total falta de transparencia en la operación en los estados, tanto como de acceso a la información federal, por ejemplo, de la unidad de lavado de dinero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de contratos y transacciones financieras.

2.- Amparo. Su ampliación con la reforma de 2011 ha servido para entorpecer procedimientos e impedir la conclusión de las averiguaciones. La forma opaca y anacrónica de funcionar de esta garantía es la espada de Damocles de la Reforma Penal porque preserva el control político y sirve como mecanismo para negociar la ley. Una joya de la desvirtuación de este recurso es el amparo del llamado juez Porky. La transparencia y rendición de cuentas de jueces sobre este recurso es prácticamente nula y cuando hay denuncias se resuelven corporativamente en el Consejo de la Judicatura. ¿Cuándo y cómo actúa la PGR contra un juez acusado, por ejemplo, de abuso de poder como el que amparó a Medina?

3.- Investigación. El anterior sistema penal inhibió el desarrollo de capacidades de investigación del Ministerio Público, pero ahora es fundamental documentar las averiguaciones con elementos probatorios para el control de los jueces. Las deficiencias en la investigación hacen que los casos se
caigan, junto con la falta de registros contables de los gobiernos para acreditar acusaciones.

(Con información de Excelsior)